Entre los factores que se apuntan como riesgos para su mantenimiento se encuentra el cada vez mayor diferencial entre la población ocupada y el creciente número de pensionistas, a favor de estos últimos; una circunstancia que continuará al alza, entre otros factores, por la incorporación de la generación del baby boom y el incremento de la esperanza de vida.

A lo que suman los efectos de la precariedad laboral y de las rebajas salariales experimentadas desde el comienzo de la crisis que, lógicamente, derivan en una menor nutrición de la caja de la Seguridad Social. Todo ello lleva a que haya menos ingresos que gastos.

Algunos de estos elementos pueden modificarse en función de la coyuntura económica. Una mejora de la economía española debería significar que se realizaran muchas más contrataciones y, por tanto, hubiera más ingresos en la hucha de las pensiones.

Asimismo, un incremento de la actual estructura salarial (en la que Canarias se sitúa a la cola del Estado) supondría a corto plazo mayores niveles de consumo, de ingresos fiscales y cotizaciones más elevadas, con una mayor recaudación de la Seguridad Social.

Como recuerda el economista José Carlos Díez, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero “dejó La Moncloa en 2011 con la misma recaudación en la Seguridad Social que en 2007 y la hucha de las pensiones inmaculada con casi 70.000 millones de reserva”. Una reserva que ha ido reduciéndose de manera drástica desde 2012 hasta hoy.

A finales del pasado año quedaban en dicho fondo en torno a 33.000 millones, por lo que los cuatro años de Rajoy han supuesto una reducción de casi el 50%. Y el riesgo de agotamiento del fondo resulta más que evidente si no se producen cambios sustanciales y urgentes.

Propuestas

En el programa del PSOE, con el que Nueva Canarias (NC) concurre en estas elecciones generales de junio, se realiza un análisis de la actual situación y se aportan un conjunto de propuestas para afrontarla. El actual desequilibrio entre ingresos y gastos llevaría al colapso del sistema en las próximas décadas, lo que conllevaría una sociedad menos cohesionada, más injusta y desigual. Las modificaciones para corregirlo no pueden dilatarse en el tiempo.

Para ello se plantea un triple compromiso: político, recuperando el pacto de Toledo como marco para el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones; social, desde el diimp garantizar la estabilidad financiera se plantean en el programa una serie de medidas imorescindibles.álogo y la participación de los sectores sociales y económicos para garantizar el acuerdo intergeneracional; y jurídico-constitucional, reforzando la cobertura constitucional del derecho a las pensiones públicas.

Para garantizar la estabilidad financiera el programa plantea una serie de medidas imprescindibles. En primer lugar, incrementar el número de afiliados a la Seguridad Social “como directriz prioritaria de la política económica”. Un buen funcionamiento de la economía y del mercado laboral contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

En segundo, mejorar la recaudación. Con una mayor y más eficaz batalla contra el fraude laboral.  Y haciéndose cargo el Estado de la financiación de los gastos de los programas de promoción de empleo y de las pensiones no contributivas.

Aportación vía impuestos

Y en tercero, como instrumento más novedoso, “incrementar progresivamente la aportación del Estado, vía impuestos, para hacer frente el previsible incremento del gasto ligado al envejecimiento sin alterar la configuración del sistema”. Se trataría de una figura impositiva de carácter finalista. Varios países de nuestro entorno sociopolítico ya establecen una financiación complementaria de tipo impositivo para garantizar las pensiones.

Hay un antecedente, cuando la sanidad pasó progresivamente de financiarse

solo vía cotizaciones de trabajadores y empresas, lo que resultaba inviable, a hacerlo a partir de los Presupuestos Generales del Estado, garantizando su cobertura universal.

Además, en el texto del programa se incluyen ámbitos de actuación prioritarios para corregir otras disfunciones actuales. Entre ellas las que afectan a las mujeres (cuyas pensiones medias son casi un 40% inferiores a las de los hombres), al aumento de las pensiones más bajas -combatiendo por tanto la pobreza y la desigualdad-, a la mejora de las prestaciones familiares y a combatir la precariedad en el mercado de trabajo, que lastra el presente pero también los futuros derechos en prestaciones y pensiones.

Otras medidas incluidas en el programa plantean garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, incrementar las pensiones mínimas, aumentar las pensiones no contributivas y mejorar la cotización de los trabajadores más jóvenes.

Se trata de un paquete de medidas necesarias y posibles de implementar con un cambio de orientación en las actuales políticas. El próximo 26 de junio hay una oportunidad en las urnas para apostar nítidamente por la sostenibilidad de las pensiones, que constituyen el núcleo del Estado Social y que aportan justicia, cohesión social y equidad.

Román Rodríguez es portavoz en el Parlamento y presidente de Nueva Canarias.